LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Especial Reforma a la Educación Superior

En esta oportunidad queremos entregarle a nuestra comunidad universitaria un número especial de Co-Respondencia, en su contenido encontrarán artículos que sirven como material de estudio para claustros, multiestamentarios, mesas de trabajo y comisiones de análisis de la reforma a la Ley 30, servirá sin duda para alimentar la discusión y el debate sobre la coyuntura que el país afronta en términos de la calidad, cobertura, financiamiento y demás asuntos relacionados con la Educación Superior. Recordamos que la Asamblea Permanente declarada a partir del 26 de octubre se consagra al estudio juicioso, a las jornadas permanentes de reflexión en claustros y asambleas.

LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Reunida en el Auditorio 10-203 del 26 de Octubre rechaza el cerco mediático sobre la discusión y la situación de la actual propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, conocido como proyecto de Ley 112 radicado el 3 de octubre ante la Comisión Sexta del Congreso de la República. La confusión radica en que el Ministerio de Educación en cabeza de su Ministra María Fernanda Campo, respaldada por las cadenas radiales nacionales y la Presidencia de la República desestiman los planteamientos de las y los estudiantes y otros sectores sociales en la movilización nacional e insultan su inteligencia al señalarlos de poco documentados, desinformados y poco colaboradores.

El proyecto radicado dista mucho de ser un Proyecto de Ley, pues en su contenido se convierte en un decreto reglamentario de índole administrativa cuyo énfasis está centrado no en el derecho constitucional a la educación sino al sistema de crédito y al funcionamiento del financiamiento, que el gobierno aplicará según capacidad de pago al estudiantado que acceda a cualquier Institución de Educación Superior; por lo tanto este proyecto es lesivo para las garantías constitucionales de las y los colombianos, vulnera los derechos de profesores, estudiantes y trabajadores, flexibiliza y terciariza la labor docente y convierte a la Universidad en una empresa de servicios y no en el proyecto científico y cultural para la formación ciudadana y profesional de la población estudiantil de las diferentes regiones del país.

Rechazamos el proyecto de Ley 112 y la actitud de los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE que desde el retiro del ánimo de lucro –lo cual no es del todo cierto por cuanto la figura de Universidad Mixta abre la compuerta a la rentabilidad económica de las instituciones educativas– entregaron el destino de la universidad pública a la discrecionalidad del Mercado y del Ministerio de Educación Nacional –MEN–. El MEN por su parte engaña a la población colombiana al difundir en los medios que los recursos frescos abrirán nuevos cupos, cuando no reconoce ni resuelve la deuda que el gobierno tiene con las universidades públicas –actualmente asciende a 700.000 millones de pesos– ni admite públicamente que al hablar de recursos frescos los dispone no para las 32 universidades como estaba establecido sino para más de 268 instituciones registradas como Instituciones de Educación Superior. Es una vergüenza que la Ministra de educación declare en medios que el que quiera recursos que se los gane cuando está hablando de garantías y obligaciones del Estado en materia de derechos.

Las universidades públicas no tenemos condiciones ni para aumentar la cobertura, ni para seguir funcionando con los recursos financieros cada vez más exiguos asignados por el gobierno, menos aún en las actuales circunstancias. El endeudamiento actual y las precarias condiciones de funcionamiento vía recursos propios han llevado a la flexibilización laboral, la venta de servicios, de consultorías, de proyectos y actividades que nos han conducido al límite de nuestra capacidad instalada, pagamos las consecuencias de la Ley 30 vigente, la aplicamos hasta agotarla y no vemos en la propuesta del gobierno ninguna razón para pensar que resuelve la crisis de funcionamiento por la cual estamos atravesando.

La autonomía universitaria queda completamente deteriorada con la hiperinflación de funciones del Consejo Superior Universitario de cada universidad –cuya composición no recoge a los estamentos universitarios, pero sí los intereses de la empresa privada, los políticos y las autoridades locales y nacionales–; el funcionamiento discrecional y no obligatorio de los Consejos Académicos, y sobre todo, la delegación de funciones al MEN en el control, auditoría, injerencia y condicionamiento directo de instancias como Colciencias, como ICETEX –que entra a tener funciones financieras, incluyendo el cobro coactivo–,el ICFES, el Fondo Nacional de Garantías, el FINDETER e incluso el surgimiento de un anunciado mecanismo de focalización para la asignación del subsidio para la matrícula y la sostenibilidad del estudiantado.

Preocupan los silencios administrativos y la falta de posición de las directivas de la UdeA que no desmienten al gobierno y que someten a nuestra Universidad, de más de doscientos años de permanencia y tradición en la región y el país al vaivén del mercado y del interés financiero. La vulneración de los derechos del profesorado, el aumento desmedido de los contratos de cátedra y ocasionales, en detrimento de las plazas docentes que NO se han aumentado hace más de quince años, la flexibilización laboral y la subcontratación ya anuncian la concreción de condiciones indignas para el cumplimiento de los principios misionales de la Universidad. La directiva no dirige, no orienta, se cuestiona de hecho su actitud frente al desconocimiento de las bases estatutarias para el manejo de esta contingencia; no detiene los rumores de cese de contratos y pretende delegar en el profesorado los costos políticos y económicos de esta anormalidad cuando es de su exclusiva responsabilidad.

Dicho lo anterior, contando con la asistencia de 224 profesores, la Asamblea declara y resuelve:

·  Rechazar categóricamente el proyecto de Ley 112 radicado ante el Congreso, por inconstitucional, improcedente y engañoso para el pueblo colombiano. Vulnera el derecho a la educación ya consagrado por la Constitución que aún nos rige. Exigimos por tanto el retiro inmediato del proyecto 112 del trámite legislativo.

·         Apoyar de manera irrestricta al Movimiento Estudiantil, cuya constancia y ejemplo nos impulsa a respaldarlo y a unirnos a él. En este ejercicio democrático, lúdico, creativo y participativo no ha cabido la violencia, la diversidad de actividades adelantadas por el estudiantado han dado muestra de ello.

·     Exigir el retiro del Escuadrón Antidisturbios de los predios universitarios. Su presencia intimida no protege, vulnera a la comunidad universitaria y pone en riesgo los bienes patrimoniales y la salud de la comunidad universitaria con el uso desproporcionado de la fuerza.

·         Rechazar el cerco mediático y la desinformación generada por el MEN, el Gobierno y las mismas directivas de la Universidad de Antioquia frente a los procesos de movilización, organización de actividades y férrea defensa del derecho a la educación encarnada por el estudiantado y otros sectores sociales.

·      Denunciar como el MEN y Gobierno engañan a la población al no mencionar que los recursos frescos son en realidad para ofrecerlos por indicadores de mercado a las más de 200 instituciones de educación superior donde no se hace diferencia entre universidades, tecnológicos y técnicos, públicos o privados. Los cupos nuevos son para instituciones técnicas y tecnológicas NO universitarias, las universidades, hemos llegado al límite de nuestra ampliación de cobertura a costa de nuestro propio patrimonio y de nuestras propias condiciones de trabajo.

·         Aclarar que el profesorado de la Universidad de Antioquia vinculado, ocasional y de cátedra no ha cesado sus actividades, sigue presente en la Universidad y ha sesionado permanentemente. Seguiremos desarrollando toda serie de actividades –operación sirirí– claustro por claustro.

·      Exigir al señor Rector Alberto Uribe y a las directivas que cumplan su palabra de garantizar el pago de los profesores ocasionales y de cátedra que se han reportado en su lugar de trabajo y están deliberando en claustros, foros y asambleas, esa es también una labor universitaria.

·        Defender la Universidad abierta y funcionando alrededor del debate, la discusión y la construcción de una Ley Estatutaria de Educación consecuente con el Estado Social de Derechos que aún nos rige. Acogemos la agenda nacional estudiantil y nos sumamos a ella.

·        Denunciamos el manejo inadecuado de la situación laboral con empleados administrativos y jubilados frente al conflicto de plan de estímulos de los primeros y las jubilaciones de los segundos en los cuales se vulneran los derechos adquiridos y se retrocede en las garantías de derecho que el Estado contempla para ellos.

·    Declarar Asamblea Permanente con jornadas de reflexión a partir de este momento, hasta la próxima Asamblea que se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre donde se evaluarán las tareas y actividades que asumimos con el estudiantado en jornadas de trabajo coordinado alrededor de la propuesta de Ley que soñamos y que dejaremos como herencia al país.

POR UNA CONSTITUYENTE EDUCATIVA Y UNA LEY ESTATUTARIA DE EDUCACIÓN DIGNAS PARA EL PUEBLO COLOMBIANO

SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO GONZALO MEDINA PÉREZ
Presidenta Secretario

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ASOPRUDEA. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia
Ciudad Universitaria Bloque 22 Oficina 107
Teléfono: 219 53 60 - 263 61 06
E-mail: asoprudea@udea.edu.co
Página web: http://asoprudea.udea.edu.co
Medellin, Colombia

***** La defensa de la universidad pública: nuestra razón de ser *****

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA U.F.P.S.

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

No. 005 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2011

El movimiento estudiantil en contraposición a los representantes del Consejo Estudiantil, unido a las organizaciones laborales y sindicales de los profesores (AP- ASPU) han adelantado jornadas de protesta, marchas y debates sobre el proyecto de ley, por el cual se organiza el sistema de educación superior (bien inmaterial y cultural de los colombianos), solicitando el retiro de este proyecto mercantilista; por ello informa:

1. El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en su comunicado -sin nombres-, desconocen y demuestran la falta de interpretación de la realidad universitaria, negando la posibilidad de encuentros para explicar al conjunto del alma mater, los siguientes puntos:

·         El derecho constitucional a la educación establecido en la Constitución Política de 1991, en su artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” es sumergido por la reforma a la educación superior en un proceso de privatización que busca mantener la educación en una dependencia económica inequitativa y pocas posibilidades de bien-estar.

·      La exigencia al sector terciario de la educación una cobertura sin calidad y sin recursos necesarios es una falacia. Por otro lado, sin profesores y administrativos de planta genera una desigual laboral y una menor confianza en la gobernabilidad de las universidades; unido a que la falta de recursos no cubre la demanda en cobertura para atender a nuevos 600.000 cupos, equivalente a vincular a 10.000 profesores (relación 1 profesor por 60 estudiantes).

·         El 50% de los estudiantes universitarios proviene de familias con ingresos menores a dos (2) salarios mínimos legales vigentes y sin embargo, la nueva ley busca aplicar un incremento en las matriculas desde el IPC, creando con ello una mayor desigualdad social entre los colombianos.

·         La universidad desde los directivos, el Consejo Superior y el Consejo Académico, no apuntan a procesos de alta calidad, solo a la tarea cumplida de registro calificado, reduciendo la oferta académica. Ahora, la alta dirección, a qué denominación le apunta ¿universidad?, o por el contrario a una institución tecnológica o técnica de educación superior. Claro todo esto tiene como ingrediente la continuidad de la Rectoría, en Cúcuta como en Ocaña, a la aplicación politiquera de grupos, dentro de los intereses particulares y acabando con los espacios mínimos de participación democrática.

·      Un hecho que lesiona al alma de las universidades -la autonomía universitaria- (principio que reside en la comunidad universitaria y sus estamentos para un buen gobierno: bien común), en donde no se aplique el todo vale, cambiando lo urgente por lo importante y entrando a patrocinar una economía mixta, más control e inspección, más estándares mercantilistas, negando con ello una política curricular de una pedagogía critico-dialógica, que encuentre en sus actos decisorios, el principio de la autorregulación y la política.

·        El rechazo a un silencio administrativo “nunca dicen nada”, palmaditas en el hombro, utilizando decisiones para manosear a profesores y administrativos y por el contrario busca desde la academia una universidad constructora de conocimientos, ejercedora de los derechos humanos en todos sus actos por un trabajo decente, creadora de una política incluyente, de formar para la vida y su aplicabilidad en el campo de la ciudadanía.

2. Acerca de los foros para adelantar jornadas de discusión sobre la reforma de la educación superior, se le olvida a los profesores del consejo Académico, que se llevan impulsando con toda la comunidad jornadas de trabajo sobre el nuevo proyecto de ley y los problemas inmersos en el contexto de la UFPS; por lo que se ha invitado al Señor Gobernador (Presidente del CSU), al Señor Rector y sus más inmediatos colaboradores o representantes, para mejorar la discusión o el debate en la Asamblea Permanente Universitaria, permitiendo el desarrollo de prácticas profesionales, sustentaciones de trabajo de grado, servicios de biblioteca y laboratorios, pero eso sí, parando las actividades curriculares para permitir la disertación critica de los participantes y llegar a una asamblea triestamentaria, consolidando una universidad crítica, participativa y cumplidora de la declaración de la UNESCO, sobre educación superior: “la educación como un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación” y que no esté al vaivén de los gobernantes de turno. Se definió no sólo la vinculación de cada plan de estudio, en el rechazo a la ley que organiza el sistema de educación superior; sino aprobar el cese de actividades a través de la asamblea triestamentaria y declarar la Asamblea Constituyente Universitaria, para revisar, debatir y concluir a pesar de las diferencias una nueva reglamentación, para que no responda al correo de las brujas o a los intereses mezquinos de una administración que se oculta a espaldas a la realidad, por una de cara a la transparencia, al liderazgo para comprender el papel de la universidad como testimonio público y como ente creador de cultura de largo aliento y no de hechos cumplidos.

3. La forma de rechazar el nuevo mercado de la educación superior requiere la participación en las grandes jornadas de protesta -por el retiro de la propuesta de reforma a la educación Universitaria-: 26 de octubre (3:00pm, Plaza Camilo Torres), 10 de noviembre: toma de Bogotá. Igualmente se denunciará a los señores decanos y directores de departamentos académicos que intimiden y acosen laboralmente a los profesores, asimismo a aquellos docentes que con lista en mano aterrorizan a los estudiantes, obligándolos a la permanencia autoritaria en la academia y que no permiten el respeto a la diferencia. Unido a lo anterior se solicita a los directivos dar la cara al problema que hoy presenta el contexto universitario, y rescatar el derecho a la opinión en lo que le afecta, y comprometernos en la responsabilidad de formar integralmente a los colombianos, en especial en estas tierras abandonadas por el gobierno central, que gira entorno a ser más equitativa, llena de oportunidades y de idearios democráticos establecidos en la carta constitucional. 

“la verdad se construye entre todos”

ALBERTO SARMIENTO CASTRO                                   ADOLFO IBARRA ROMERO

Presidente AP-UFPS                                                            Presidente ASPU-UFPS

MEN defiende la reforma con su ABC; Profesor contradictor publica el XYZ

Oct 24/11 El profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera, quien ha contribuido con sus argumentos a alimentar el Movimiento Estudiantil, creó el XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992, en contradicción con el ABC que creó el MEN para explicar su propuesta.

Múnera rechaza uno a uno los argumentos de la ministra, e insiste en que la misma se orienta por una lógica de mercado, con ánimo de lucro y recursos limitados para la universidad pública.

El siguiente es el texto del XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992 

1. ¿Para qué y por qué una reforma a la educación superior?

La reforma está dirigida a reestructurar el mercado laboral en función de las nuevas formas de acumulación del capital y de la inserción acrítica y subordinada en la economía global.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la baja cobertura en la educación superior colombiana fue compatible con un tipo de desarrollo que no exigía una mano de obra especialmente cualificada. No obstante, los cambios en el proceso productivo, determinados por el post-fordismo y la globalización, exigen en la actualidad  la formación de operadores competentes para hacer funcionar la nueva máquina social y productiva del capital en el país. De lo contrario, la competitividad en el mercado global y la capacidad de consumo de los nuevos bienes y servicios continuará siendo muy limitada.

Con este horizonte económico, se pretende que el mercado laboral del futuro esté conformado por una pequeña élite de profesionales con alta formación académica para los cargos directivos y los servicios especializados, un grupo un poco más amplio de profesionales con una formación intermedia y funcional a la máquina productiva, lo operadores calificados, y una gran masa de técnicos y tecnólogos con conocimientos básicos y flexibles, que ejecuten diferentes tipos de tareas cambiantes, sin reflexionar sobre ellas, o que puedan ser los empresarios de su propia pobreza.

Por consiguiente, la reforma a la Ley 30 de 1992 no implica una ruptura del modelo práctico para la educación superior seguido hasta el momento por Colombia, caracterizado por una reducida inversión pública y una educación superior de mediana o baja calidad y pertinencia, sino la profundización y reorientación del mismo, de acuerdo con la nueva fase de acumulación del capital.

Si la propuesta gubernamental es aprobada en el Congreso de la República, seguirán proliferando las instituciones privadas de “garaje” o “condominio” y las instituciones públicas con una pobre financiación estatal, fundamentalmente en las ciudades intermedias o en las capitales de los departamentos con menor presupuesto, al tiempo que se reforzará la mutación de la educación para el trabajo, como la del Sena, en una educación técnica y tecnológica con baja inversión por estudiante y ajena al desarrollo de capacidades críticas o innovadoras.

En términos generales, la educación de las elites se concentrará en unas pocas universidades privadas de alto costo y en algunas estatales con tendencias a asimilarse a aquellas, la de los cuadros medios en el resto de las universidades públicas sumidas en diferentes procesos de privatización o reconvertidas en mixtas y la de la mayoría de la población en la educación técnica y tecnológica de baja calidad,  poca creatividad y salarios precarios. De esta forma piensa el Gobierno Santos insertar el país en el mercado global y enganchar la educación superior a las locomotoras del desarrollo.

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