LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Especial Reforma a la Educación Superior

En esta oportunidad queremos entregarle a nuestra comunidad universitaria un número especial de Co-Respondencia, en su contenido encontrarán artículos que sirven como material de estudio para claustros, multiestamentarios, mesas de trabajo y comisiones de análisis de la reforma a la Ley 30, servirá sin duda para alimentar la discusión y el debate sobre la coyuntura que el país afronta en términos de la calidad, cobertura, financiamiento y demás asuntos relacionados con la Educación Superior. Recordamos que la Asamblea Permanente declarada a partir del 26 de octubre se consagra al estudio juicioso, a las jornadas permanentes de reflexión en claustros y asambleas.

LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Reunida en el Auditorio 10-203 del 26 de Octubre rechaza el cerco mediático sobre la discusión y la situación de la actual propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, conocido como proyecto de Ley 112 radicado el 3 de octubre ante la Comisión Sexta del Congreso de la República. La confusión radica en que el Ministerio de Educación en cabeza de su Ministra María Fernanda Campo, respaldada por las cadenas radiales nacionales y la Presidencia de la República desestiman los planteamientos de las y los estudiantes y otros sectores sociales en la movilización nacional e insultan su inteligencia al señalarlos de poco documentados, desinformados y poco colaboradores.

El proyecto radicado dista mucho de ser un Proyecto de Ley, pues en su contenido se convierte en un decreto reglamentario de índole administrativa cuyo énfasis está centrado no en el derecho constitucional a la educación sino al sistema de crédito y al funcionamiento del financiamiento, que el gobierno aplicará según capacidad de pago al estudiantado que acceda a cualquier Institución de Educación Superior; por lo tanto este proyecto es lesivo para las garantías constitucionales de las y los colombianos, vulnera los derechos de profesores, estudiantes y trabajadores, flexibiliza y terciariza la labor docente y convierte a la Universidad en una empresa de servicios y no en el proyecto científico y cultural para la formación ciudadana y profesional de la población estudiantil de las diferentes regiones del país.

Rechazamos el proyecto de Ley 112 y la actitud de los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE que desde el retiro del ánimo de lucro –lo cual no es del todo cierto por cuanto la figura de Universidad Mixta abre la compuerta a la rentabilidad económica de las instituciones educativas– entregaron el destino de la universidad pública a la discrecionalidad del Mercado y del Ministerio de Educación Nacional –MEN–. El MEN por su parte engaña a la población colombiana al difundir en los medios que los recursos frescos abrirán nuevos cupos, cuando no reconoce ni resuelve la deuda que el gobierno tiene con las universidades públicas –actualmente asciende a 700.000 millones de pesos– ni admite públicamente que al hablar de recursos frescos los dispone no para las 32 universidades como estaba establecido sino para más de 268 instituciones registradas como Instituciones de Educación Superior. Es una vergüenza que la Ministra de educación declare en medios que el que quiera recursos que se los gane cuando está hablando de garantías y obligaciones del Estado en materia de derechos.

Las universidades públicas no tenemos condiciones ni para aumentar la cobertura, ni para seguir funcionando con los recursos financieros cada vez más exiguos asignados por el gobierno, menos aún en las actuales circunstancias. El endeudamiento actual y las precarias condiciones de funcionamiento vía recursos propios han llevado a la flexibilización laboral, la venta de servicios, de consultorías, de proyectos y actividades que nos han conducido al límite de nuestra capacidad instalada, pagamos las consecuencias de la Ley 30 vigente, la aplicamos hasta agotarla y no vemos en la propuesta del gobierno ninguna razón para pensar que resuelve la crisis de funcionamiento por la cual estamos atravesando.

La autonomía universitaria queda completamente deteriorada con la hiperinflación de funciones del Consejo Superior Universitario de cada universidad –cuya composición no recoge a los estamentos universitarios, pero sí los intereses de la empresa privada, los políticos y las autoridades locales y nacionales–; el funcionamiento discrecional y no obligatorio de los Consejos Académicos, y sobre todo, la delegación de funciones al MEN en el control, auditoría, injerencia y condicionamiento directo de instancias como Colciencias, como ICETEX –que entra a tener funciones financieras, incluyendo el cobro coactivo–,el ICFES, el Fondo Nacional de Garantías, el FINDETER e incluso el surgimiento de un anunciado mecanismo de focalización para la asignación del subsidio para la matrícula y la sostenibilidad del estudiantado.

Preocupan los silencios administrativos y la falta de posición de las directivas de la UdeA que no desmienten al gobierno y que someten a nuestra Universidad, de más de doscientos años de permanencia y tradición en la región y el país al vaivén del mercado y del interés financiero. La vulneración de los derechos del profesorado, el aumento desmedido de los contratos de cátedra y ocasionales, en detrimento de las plazas docentes que NO se han aumentado hace más de quince años, la flexibilización laboral y la subcontratación ya anuncian la concreción de condiciones indignas para el cumplimiento de los principios misionales de la Universidad. La directiva no dirige, no orienta, se cuestiona de hecho su actitud frente al desconocimiento de las bases estatutarias para el manejo de esta contingencia; no detiene los rumores de cese de contratos y pretende delegar en el profesorado los costos políticos y económicos de esta anormalidad cuando es de su exclusiva responsabilidad.

Dicho lo anterior, contando con la asistencia de 224 profesores, la Asamblea declara y resuelve:

·  Rechazar categóricamente el proyecto de Ley 112 radicado ante el Congreso, por inconstitucional, improcedente y engañoso para el pueblo colombiano. Vulnera el derecho a la educación ya consagrado por la Constitución que aún nos rige. Exigimos por tanto el retiro inmediato del proyecto 112 del trámite legislativo.

·         Apoyar de manera irrestricta al Movimiento Estudiantil, cuya constancia y ejemplo nos impulsa a respaldarlo y a unirnos a él. En este ejercicio democrático, lúdico, creativo y participativo no ha cabido la violencia, la diversidad de actividades adelantadas por el estudiantado han dado muestra de ello.

·     Exigir el retiro del Escuadrón Antidisturbios de los predios universitarios. Su presencia intimida no protege, vulnera a la comunidad universitaria y pone en riesgo los bienes patrimoniales y la salud de la comunidad universitaria con el uso desproporcionado de la fuerza.

·         Rechazar el cerco mediático y la desinformación generada por el MEN, el Gobierno y las mismas directivas de la Universidad de Antioquia frente a los procesos de movilización, organización de actividades y férrea defensa del derecho a la educación encarnada por el estudiantado y otros sectores sociales.

·      Denunciar como el MEN y Gobierno engañan a la población al no mencionar que los recursos frescos son en realidad para ofrecerlos por indicadores de mercado a las más de 200 instituciones de educación superior donde no se hace diferencia entre universidades, tecnológicos y técnicos, públicos o privados. Los cupos nuevos son para instituciones técnicas y tecnológicas NO universitarias, las universidades, hemos llegado al límite de nuestra ampliación de cobertura a costa de nuestro propio patrimonio y de nuestras propias condiciones de trabajo.

·         Aclarar que el profesorado de la Universidad de Antioquia vinculado, ocasional y de cátedra no ha cesado sus actividades, sigue presente en la Universidad y ha sesionado permanentemente. Seguiremos desarrollando toda serie de actividades –operación sirirí– claustro por claustro.

·      Exigir al señor Rector Alberto Uribe y a las directivas que cumplan su palabra de garantizar el pago de los profesores ocasionales y de cátedra que se han reportado en su lugar de trabajo y están deliberando en claustros, foros y asambleas, esa es también una labor universitaria.

·        Defender la Universidad abierta y funcionando alrededor del debate, la discusión y la construcción de una Ley Estatutaria de Educación consecuente con el Estado Social de Derechos que aún nos rige. Acogemos la agenda nacional estudiantil y nos sumamos a ella.

·        Denunciamos el manejo inadecuado de la situación laboral con empleados administrativos y jubilados frente al conflicto de plan de estímulos de los primeros y las jubilaciones de los segundos en los cuales se vulneran los derechos adquiridos y se retrocede en las garantías de derecho que el Estado contempla para ellos.

·    Declarar Asamblea Permanente con jornadas de reflexión a partir de este momento, hasta la próxima Asamblea que se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre donde se evaluarán las tareas y actividades que asumimos con el estudiantado en jornadas de trabajo coordinado alrededor de la propuesta de Ley que soñamos y que dejaremos como herencia al país.

POR UNA CONSTITUYENTE EDUCATIVA Y UNA LEY ESTATUTARIA DE EDUCACIÓN DIGNAS PARA EL PUEBLO COLOMBIANO

SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO GONZALO MEDINA PÉREZ
Presidenta Secretario

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